El Gobierno aprueba un nuevo plan de medidas económicas para hacer frente al Covid-19, entre las cuales, se incluye la flexibilización en las prestaciones sociales a autónomos por cese de actividad en unas condiciones determinadas y la suspensión de las cuotas de la Seguridad Social, además de la exoneración del pago de cotizaciones a aquellas empresas que, en lugar de despedir trabajadores, se acojan a expedientes de regulación de empleo temporales (ERTE). Con estas medidas, el Gobierno garantiza que los autónomos cobrarán una prestación en caso de dificultad económica.
Podrán acceder a esta medida aquellos autónomos cuyas actividades hayan sido suspendidas por el Real Decreto del 14 de Marzo, o bien, si durante el mes anterior al que se vaya a solicitar la prestación se acredita haber perdido el 75% de la facturación con respecto a la media mensual del último semestre. Además, será indispensable que estuviera dado de alta en la Seguridad Social el día de la declaración de Estado de alarma y encontrarse al corriente de pago. Como medida excepcional, se le permitirá ponerse al día en 30 días naturales antes de denegar la solicitud.
El autónomo cobrará el 70% de la base mínima reguladora por la que esté cotizando. Más del 80% de los autónomos cotiza por la mínima, lo que significa que cobrarían 661 euros al mes. En cuanto a la duración, según el Real Decreto indica, se establece que será durante un mes, salvo que se prolongo el estado de alarma, es decir, lo que dure el estado de alarma sería el plazo que marcaría la limitación temporal de esta medida.
Por otra parte, para facilitar el mantenimiento del empleo y para paliar los efectos económicos del Covid 19, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital aprueba una línea de avales para empresas y autónomos, avales a la financiación concedida por entidades de crédito, establecimientos financieros de crédito, entidades de dinero electrónico y entidades de pagos. Podrán conceder hasta un importe máximo de 100.000 millones. Respecto a líneas de financiación, será el ICO quien amplíe esta vía. Se suman 10.000 millones de euros al límite de endeudamiento neto de esta institución con el fin de facilitar liquidez adicional a las empresas, especialmente a las pymes y a los autónomos.
Fuentes: Abogacía Española, Cinco Días
