El Gobierno aprobó una línea de avales por cuenta del Estado para empresas y autónomos de hasta 100.000 millones de euros que ha sido autorizada este martes, 24 de marzo, por el Consejo de Ministros. Pero ¿cómo funcionan? ¿a quién irán destinados?
La principal finalidad de la constitución de un aval es asegurar una garantía para que el avalado pueda adquirir la obligación, ya que, si el deudor principal no paga el crédito, se puede exigir la satisfacción de la deuda al avalista que, en este caso, sería el Estado. Es decir, el dinero lo presta el banco, pero quien realmente asume el riesgo final es el ICO (Instituto de Crédito Oficial), esto es, el Estado.
La declaración del estado de alarma se traduce en un parón de la actividad económica. Pymes, autónomos y otras empresas han dejado de tener ingresos, pero tienen que continuar haciendo frente a los pagos, lo que les puede causar un problema de liquidez. A su vez, dicho problema de liquidez prolongado en el tiempo puede acarrear quiebras y, por tanto, destrucción del tejido productivo.
Para facilitar el mantenimiento del empleo y paliar los efectos económicos del COVID-19, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital otorgará avales a la financiación concedida por entidades de crédito, establecimientos financieros de crédito, entidades de dinero electrónico y entidades de pagos a empresas y autónomos para atender sus necesidades derivadas, entre otras, de la gestión de facturas, necesidad de circulante, vencimientos de obligaciones financieras o tributarias u otras necesidades de liquidez.
El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital podrá conceder avales por un importe máximo de 100.000 millones de euros.
Esta inyección masiva de liquidez pretende dotar con liquidez suficiente a las empresas para que puedan hacer frente a esta situación. Se trata de una garantía ofrecida por el Estado a los bancos privados del país a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para proporcionar crédito a las empresas que lo requieran en condiciones favorables. Al ser avalista el Estado, las entidades financieras están resguardadas contra posibles impagos futuros de esos préstamos por parte de las empresas, pymes y autónomos que los reciben.
Las condiciones aplicables y requisitos a cumplir, incluyendo el plazo máximo para la solicitud del aval, se establecerán por Acuerdo de Consejo de Ministros, sin que se requiera desarrollo normativo posterior para su aplicación. Aunque el Ministerio de Economía es consciente de la crucial labor que tendrán los bancos en esta crisis, se han fijado una serie de limitaciones y condiciones con el fin de no poner en riesgo las cuentas públicas.
Los avales regulados en esta norma y las condiciones desarrolladas en el Acuerdo de Consejo de Ministros cumplirán con la normativa de la Unión Europea en materia de Ayudas de Estado.
Finalmente, los avales públicos han sido aprobados con una cobertura de entre un 60 y un 80%. La garantía máxima será para la financiación a pymes y autónomos que se vean afectados por el coronavirus.
Estos avales, cubrirán tanto la renovación de préstamos como nueva financiación por entidades de crédito, establecimientos financieros de crédito, entidades de dinero electrónico y entidades de pagos, para atender sus necesidades derivadas facilitando así el mantenimiento del empleo e intentando paliar los efectos económicos de COVID-19. Eso sí, en ningún caso irán destinados a empresas que hubieran tenido problemas de insolvencia con anterioridad a la pandemia. Se quiere evitar así que compañías que ya pasaban por apuros se beneficien del plan, que se han lanzado para mitigar exclusivamente las consecuencias del virus en la economía.
El presidente del Gobierno ha detallado que los 100.000 millones de euros permitirán que los bancos pongan a disposición de las empresas otros 50.000 millones o 100.000 millones adicionales. Eso elevaría la cifra de liquidez hasta un máximo de 200.000 millones.
El Consejo de Ministros ha dado el visto bueno a los primeros importes, por 20.000 millones. La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero ha señalado que la mitad de esta cuantía irá a parar a las pymes y los autónomos, es decir, 10.000 millones
Las grandes empresas podrán solicitar financiación con una cobertura estatal del 70% para operaciones nuevas y del 60% para la renovación de los contratos ya vigentes.
El Gobierno, asimismo, aprobó una línea de avales adicional de 2.000 millones de euros para empresas exportadoras, especialmente pymes, y facilitar la reestructuración de créditos a empresas agrarias afectadas por la sequía. Este paquete se destina específicamente a las pequeñas y medianas empresas. En paralelo, el Gobierno ha dado luz verde a “medidas para facilitar la restructuración de créditos a explotaciones agrarias afectadas por la sequía”
«Queremos enviar a las empresas y los mercados un mensaje contundente y rotundo: el Estado español va a proporcionar al tejido empresarial toda la liquidez que necesite para evitar que los problemas de liquidez se conviertan en problemas de solvencia», sostuvo Pedro Sánchez. Esta es una de las medidas que más reclamaban las empresas: facilidades para tener liquidez.
Fuentes: ABC, El Economista.
